Fuerzas Armadas, institución herida

Consigna oficial

Jorge Carrillo Olea

¿Le sobrarán a México instituciones que lo sostengan, como fundaciones que son? Parece que sí. ¡Hay que acabar con ellas! Esa pareciera ser una consigna oficial. La Corte, deslucida por sus escandalosos privilegios y ciertos fallos como el que benefició a Onésimo Cepeda. Del Congreso, con tristeza no habría nada que decir, de la Presidencia tampoco. Parece que seguirían las Fuerzas Armadas.

Debiendo ser ellas las más respetadas, resulta que para desconsuelo nacional en lo general ya no es así. Se salvarían relativamente hasta hace pocos años por ser las más enhiestas. Hasta Fox, éstas se mantuvieron en un precario in statu quo ante bellum (como era antes de la guerra) situación que irresponsablemente rompió Calderón y que los secretarios de su gabinete, más en papel de docilidad que de asesores, asumieron sin advertir las  consecuencias que hoy lamentamos.

 Ha habido 60 mil muertos. El ejército reconoce que, en diferentes circunstancias, sus tropas han causado la muerte de algo así como 2 mil 700 delincuentes en 2 mil 400 enfrentamientos. De su lado, han muerto casi 320 militares. Errores individuales han producido varios cientos de sentenciados a prisión. El número de heridos, muchos de ellos graves o que resultaron hasta discapacitados permanentes, no está difundido.

Militares que se duelen de estos hechos expresan que el deber marcado por el Presidente, por supuesto está fuera de cuestión. Es la ley, la disciplina, el compromiso inquebrantable de obediencia que a veces es ingrato. Se esperaría del Presidente alguna forma de aceptación de su responsabilidad. No lo hace. Se entiende que para quien es solidario hasta el sacrificio corresponderían actos de responsabilidad exculpatoria. Calderón no sabe de eso.

Con una u otra interpretación y a pesar de su contribución a mejorar o impedir el mayor deterioro de la seguridad pública en casi medio territorio nacional, su prestigio en lo general ha sido lastimosamente herido. Eso a nada ni a nadie conviene, son costos de la irresponsabilidad de Calderón que cada día alardea para intentar salvar su figura ante la historia, como en su esquizofrenia textualmente lo ha dicho.

Por encima de lo que es ya ese drama, ahora se presenta el inaudito caso de tres generales teóricamente involucrados en el narcotráfico. Nadie puede hablar de una supuesta culpabilidad y sí se debe sostener, hasta sentencia de juez, la presunción de inocencia. Pero esto resulta meramente teórico. Hay un daño mayor al que ya sufrieron esos posibles inocentes sentenciados ya públicamente. Ese daño es a las Fuerzas Armadas y es más que serio, es funesto.

Lo terriblemente preocupante, frustrante y que conduciría a la enfática expresión de que por ese camino ni un paso más, es la deslucida conducta de las autoridades, lo desaseado de los métodos aplicados en la procuración de justicia, la violación de garantías, lo endeble y sospechoso de las imputaciones, la  perversión evidente de supuestos acusadores, que imputan lo que la autoridad quiere, pues son sujeto de recompensa al abreviarse sus penas a cambio.

Son delincuentes sentenciados, son espectros de esa figura de vergüenza que se ha introducido al derecho que es el testigo protegido (y recompensado) en este caso un individuo identificado sólo como Jennifer, instrumento de viejo uso de la DEA, que reside en Estados Unidos y declara vía satélite (Reforma, 19 mayo).  Nadie aboga por el disimulo, por la evasión de la justicia, pero se ha hecho un daño terrible al país, a la instituciones, particularmente al ejército que parecía ser un último reducto de la decencia de un gobierno impresentable.

Hay indignación entre muchos retirados, debe haberla más entre las tropas en activo ante tanta liviandad en la reprobable conducta oficial: gestión acusatoria de la procuradora ante Calderón para obtener su permiso; la autorización de éste para proceder con tanta liviandad (el ministerio público sigue recibiendo consignas);  los métodos violatorios con que se ejecutan las detenciones y peores aún, los que someten a los detenidos incomunicándolos y privándolos de asistencia jurídica.

¡Cuán grandes serán las torpezas que no se cree en una real y consistente responsabilidad de los generales! Tal vez la haya, pero no concreta así, señores. No a costa de dañar más aún a la institución que nunca obra por libre albedrío sino siempre lleva por delante el deber de obediencia.

¡El país necesita de su ejército! Por qué herirlo con torpezas. Son responsables de ese agravio a la institución, el presidente Calderón y la procuradora Morales. De ser un patinazo de ellos dos deberán expresar amplísimas disculpas a las tropas y marinería. La responsabilidad de los generales está por verse.

hienca@prodigy.net.mx