País en llamas

Sección:Articulistas Fecha:24 marzo, 2012
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Reclamos laborales, agravios e injusticias

Martín Esparza

Dentro de su burbuja de poder y aislado de la avasallante realidad social del país, Felipe Calderón pide a la Suprema Corte justicia para las víctimas de secuestro, apelando al fiel cumplimiento del Estado de derecho, pero olvida que ha sido él mismo responsable de infinidad de atropellos cometidos  en contra de miles de mexicanos, entre ellos,  trabajadores que en todo el país han enfrentado su autoritaria política antilaboral, convencidos de  seguir en la lucha por la  defensa del patrimonio más valioso de sus familias: su fuente de trabajo. Como ha sucedido con los 16 mil 599 electricistas del SME, en resistencia.

El pasado 16 de marzo, miles y miles de trabajadores marcharon de distintos puntos de la ciudad de México hasta coincidir en el Zócalo capitalino donde una vez más alzaron su voz de protesta en contra de las políticas neoliberales y autoritarias que tanto daño han causado a la economía nacional y al proyecto de nación que anhelan millones de mexicanos donde el derecho al trabajo y el bienestar social de sus familias sean los ejes rectores de las políticas de gobierno.

Lamentable que en el ocaso de su anodina gestión, el Presidente insista en cerrar los ojos ante el reclamo generalizado de aquéllos a quienes, en teoría, prometió un empleo seguro y bien remunerado. Porque no son sólo los electricistas a los que se les arrebató su empleo por medio de un ilegal decreto de extinción, ni los trabajadores de Mexicana de Aviación que por componendas oficiales se les impide volver a volar, como también los trabajadores mineros a los que se les niega el derecho a huelga y se les impone una auténtica persecución en contra de sus líderes, los que están indignados, molestos y agraviados en México.

También están  los miles y miles de maestros a quienes  en aras de una supuesta alianza por la calidad de la educación se les intentan conculcar sus derechos laborales, siendo que son y han sido ellos los garantes de una educación laica y gratuita, que la derecha busca aniquilar para arrebatar a millones de mexicanos el derecho a la educación.

Calderón se inmola ante la Suprema Corte exigiendo justicia pero ha permitido que, con su aprobación, sus funcionarios y buena parte de sus lacayos del Poder Judicial hagan de la abierta imparcialidad el estilo de aplicar la justicia en México. También es necesario puntualizar el porqué miles de trabajadores del Seguro Social se sumaron a la marcha del pasado 16, cansados de pedir justicia y la anulación de la toma de nota del incondicional al gobierno panista, Valdemar Gutiérrez Fragoso,  que en violación a los estatutos de su sindicato, se autorreeligió hasta el 2018, con la complicidad de las autoridades a cambio de permitir la privatización del IMSS y el aniquilamiento de los derechos laborales de los miembros de su propia organización.

Hay muchos agravios que han terminado por estallar  por la apatía oficial; por ejemplo, hay más de 7 mil trabajadores despedidos injustamente por administraciones del gobierno del Distrito Federal que siguen esperando de las autoridades una respuesta justa a sus demandas. Hay 12 electricistas del SME, encarcelados por la defensa de sus derechos laborales cuya clasificación, aunque el gobierno federal lo niegue, es la de presos políticos.

Son estos excesos del poder que han terminado por caer en el terreno de la ilegalidad los que tienen al país en llamas por el descontento de millones de trabajadores agraviados. Son estas miles y miles de injusticias las que dejan sin sustento legal y moral a las peticiones de justicia hechas por Calderón a la Suprema Corte, pues si la ley se aplicara tal cual, el jefe del Ejecutivo debería estar, antes que nadie, en el banquillo de los acusados.

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