Zedillo, motor de la política militarista que propició la masacre de Acteal

En:Portada, Reporteros Fecha:20 enero, 2012

Entrevista a Edgar Cortez/Integrante del IMDHD

El PAN y el PRI ratificaron un acuerdo, un pacto de impunidad donde unos y otros actores se terminan protegiendo.

Antonio Cerda Ardura

Han pasado ya 14 años desde aquel 22 de diciembre de 1997, cuando un supuesto regimiento de paramilitares antizapatistas, conocido como Máscara Roja, irrumpió en la pequeña ermita de Acteal Centro (municipio de Chenalhó, Chiapas) y asesinó a balazos a 45 indígenas tzotziles de la sociedad civil Las Abejas e hirió a otros 25 que también se hallaban en un rezo.

Como es recurrente en México, la matanza, que incluyó a niños y mujeres y que desde entonces se sospecha que contó con la aquiescencia de las autoridades estatales y federales, encabezadas por el ex gobernador, Julio César Ruiz Ferro, y el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, permanece impune.

Es por esto que el pasado 19 de septiembre, en representación de diez familiares de algunas de las víctimas, que, por razones de seguridad, mantienen en secreto sus nombres, una firma de abogados de Miami presentó una demanda en contra de Zedillo, ante un tribunal de Hartford, Connecticut, Estados Unidos, donde el ex mandatario se desempeña como catedrático de la Universidad de Yale (en la cercana ciudad de New Haven).

A decir de los demandantes, en los años siguientes a la masacre Zedillo “conspiró” con el entonces procurador general, Jorge Madrazo Cuéllar, para “encubrir” su presunta responsabilidad en esos hechos.

Zedillo no sólo definió esas acusaciones como “falsas” y “calumniosas”, sino que en noviembre inició su defensa apegándose a la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FIAS, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en Estados Unidos en 1976 y que impide que los gobiernos foráneos puedan ser juzgados en tribunales norteamericanos.

El juez español suspendido, Baltasar Garzón Real, actual asesor en la Corte Penal Internacional, quien persiguió a Augusto Pinochet y a otros militares chilenos y argentinos señalados como asesinos y torturadores de ciudadanos ibéricos (y quien es actualmente acusado en su país de prevaricación al investigar, sin competencia, los crímenes de la represión franquista), se ha pronunciado sobre el caso de Zedillo y ha impugnado la solicitud del ex presidente mexicano para acogerse a la inmunidad.

En entrevista con Siempre!, el destacado defensor de los derechos humanos, Edgar Cortez, licenciado en Derecho, en Filosofía y Ciencias Sociales y en Teología, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. A. C. (IMDHD), asegura que Zedillo tiene responsabilidad civil en la Masacre de Acteal, no como autor material o intelectual, sino como promotor de la política militarista que la propició.

Cortez, quien ha apoyado a los impulsores de la demanda contra el actual presidente, Felipe Calderón, ante la Corte Penal Internacional (CPI), porque su administración ha causado un número similar de muertos al de los soldados norteamericanos que cayeron en Vietnam (más de 50 mil), sostiene que aún existe la posibilidad de una denuncia en contra de Zedillo ante el Tribunal de La Haya, después de sendas querellas presentadas en Estados Unidos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Inmunidad concluida

El magistrado español Baltasar Garzón aseguró que la inmunidad no aplica para el caso del ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, quien está demandado en Estados Unidos por los hechos de Acteal en 1997. ¿Cuál es su apreciación sobre el caso? ¿Zedillo tendrá que comparecer ante una corte estadounidense?

Creo que existe una posibilidad real por dos cosas. Primero, habría que recordar que el sentido de esta inmunidad es que un jefe de Estado en funciones no tenga que enfrentar alguna acusación ante tribunales que impida el desempeño de sus funciones. Pero, una vez que su cargo concluye, esa inmunidad también debe terminar para que, si es que alguien inició en contra de ese ex mandatario una serie de acciones penales o civiles, como el caso de esta demanda en Estados Unidos, pueda enfrentarlas. Es decir, el sentido de esa inmunidad de la que gozan los jefes de Estado tiene un propósito muy específico. Pero ya en este momento, tal y como lo planteaba el juez Garzón, esa protección ya no aplica, porque Zedillo ya no es presidente. Su función terminó y hoy tiene que responder. Así que se abre una posibilidad. Y aquí cabe señalar algo importante: la demanda en esa corte norteamericana no es para una investigación de carácter penal, sino es un asunto de carácter civil. Lo que están pidiendo las víctimas de los hechos de Acteal es una reparación por los daños ocasionados.

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Es decir, los deudos buscan una indemnización.

Básicamente es un asunto que busca indemnizaciones económicas, no una determinación de responsabilidad penal. Esta es una diferencia importante y significa que, independientemente de lo que ocurra en esta corte norteamericana, hay otra posibilidad, abierta y pendiente, de que en un momento dado el caso de Acteal pueda centrarse en el ámbito de la responsabilidad penal y de la responsabilidad del Estado mexicano en materia de violaciones de derechos humanos.

¿De qué se acusa directamente a Zedillo?

Lo que se ha planteado en distintos momentos es que la Masacre de Acteal se dio en el contexto de una estrategia militar implementada por el gobierno federal y el Ejército. Según obra en documentos que han aparecido y que hemos conocido al paso del tiempo, tal estrategia incluía, además del uso directo de las fuerzas militares, la posibilidad de la formación y operación de grupos paramilitares. En consecuencia, había entonces una política deliberada de la cual el presidente de la república, como jefe de Estado, era el responsable. Nadie está diciendo que Zedillo ordenó o propuso, material o intelectualmente, que se fuera a matar, pero sí desarrolló y puso en marcha una estrategia que tuvo, entre otros resultados, la Masacre de Acteal. Por eso se plantea su responsabilidad en términos de su papel como jefe último de las Fuerzas Armadas y de las acciones del Estado, al ser la cabeza.

Esto es similar a la reciente acusación en contra de Felipe Calderón. ¿Por qué la denuncia contra Zedillo se fue a una corte federal estadounidense y no a la CPI?

No lo sé. Hay muchas interrogantes sobre esta iniciativa. Hasta la fecha tampoco hay información cierta de quiénes sean los promotores o las víctimas, ni del porqué se valieron de esta estrategia de presentar la denuncia en una corte civil en Estados Unidos. Por otro lado, el grupo de Las Abejas, junto con organizaciones de derechos humanos, ha llevado el caso ante la CIDH. Es decir, hay cuando menos dos vías. Pero, de cualquier manera, sigue pendiente el recurso de acudir a las instituciones propias como la Procuraduría General de la República o la Procuraduría del Estado de Chiapas. Entendemos que hace cosa de un par de años el gobierno chiapaneco volvió a reactivar la Fiscalía Especial para el caso Acteal. Así que hay una serie de alternativas. Creo que el problema fundamental en México es la falta de independencia de las procuradurías. La PGR depende del Ejecutivo federal y la procuraduría del Estado depende del gobernador. Yo diría que junto con esa dependencia que impide que en nuestro país se pudieran desarrollar a plenitud las investigaciones, está la deficiencia, que sufren prácticamente todas las procuradurías mexicanas, para hacer averiguaciones objetivas e imparciales y que reúnan todas las evidencias para determinar responsabilidad de todos los actores, desde los materiales, hasta los que, como es el caso del ex presidente Zedillo, implementaron y pusieron en marcha una estrategia que tuvo, entre otras consecuencias, la Masacre de Acteal.

Hay en México un refrán sobre los políticos, que reza: “Tapaos los unos a los otros”. Como coincidencia, existe en Estados Unidos una legislación, que se llama Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, que impide que los gobiernos de una nación puedan ser encausados en las cortes norteamericanas. ¿No son circunstancias que evitarán que Zedillo resulte afectado?

Sí. Es una posibilidad. Yo creo que eso es un riesgo. Pero también el tema es si esta inmunidad termina una vez que un presidente ha concluido el desempeño del cargo, o si se extiende, en forma indefinida, en el tiempo. Esto último prácticamente significaría que después de ser jefe de Estado y de cometer una serie de delitos, al concluir el cargo se adquirió una patente de inmunidad permanente. El juez Garzón lo planteaba: si eso se aplicara, hubiera sido imposible, por ejemplo, perseguir a Pinochet.

Y a otros militares de Sudamérica.

¡Esa inmunidad los protegería hasta el final de sus vidas! De manera que aquí también vamos a poner a prueba si la política norteamericana tiene realmente apertura y compromiso para que este tipo de asuntos se puedan juzgar, no en el ámbito penal, pero sí en el civil, o si ese gobierno, como en muchos casos hemos visto, va a seguir favoreciendo y propiciando violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos ha sido cómplice de muchos de estos casos y aquí se sabrá si siguen protegiendo a violadores de derechos humanos o a quienes en el desempeño de sus cargos de jefes de Estado tienen cuentas ante la justicia, o si ahora están contribuyendo para que haya garantías y posibilidades de que sean rotas las cadenas de la impunidad. Ya veremos si la valoración podrá tener una interpretación jurídica o va a estar muy condicionada por la política norteamericana.

Organismos nacionales

Como la matanza de Acteal cae en el rubro de los delitos de lesa humanidad, seguramente una denuncia contra Zedillo prosperaría de alguna manera en la Corte Penal Internacional. ¿Ve usted esa otra ruta?

Es otra posibilidad, ya lo decía aquí. Por ahora, además de esta denuncia en el ámbito civil en contra de Zedillo, en la corte norteamericana, el caso de Acteal se ha presentado ante la CIDH. Obviamente allí no es una denuncia en contra del ex presidente en lo personal, sino en contra el Estado mexicano, como responsable de las violaciones de derechos humanos. Por supuesto, me parece que, sin duda, se podría explorar la posibilidad, en un momento dado, de que la Corte Penal Internacional pudiera ser una alternativa. La diferencia es que esta corte, con sede en La Haya, sí actúa, juzga y valora responsabilidad de las personas, de gobernantes, dado que la CIDH lo que juzga es la responsabilidad de los Estados. Ahí se tendría una vía distinta. Pero me gustaría insistir en que, aunque ha sido muy difícil y hasta ahora no se ha podido usar este recurso, no deberíamos olvidar la posibilidad del funcionamiento de los órganos internos. Un signo fundamental de los gobiernos de transición es que realmente ponen a funcionar a toda su capacidad las instituciones, en este caso, de procuración de justicia, para investigar este tipo de delitos que han permanecido impunes. No habría que perder la memoria de que en cierto momento se tuvo la expectativa de que llegando Vicente Fox a la Presidencia se podrían haber dado pasos para enjuiciar muchos de estos asuntos que tenían que ver con los gobiernos priistas. Lamentablemente no sucedió y lo que vimos es que el PAN y el PRI ratificaron un acuerdo, un pacto de impunidad donde unos y otros actores se terminan protegiendo. De cualquier manera, a pesar de estas dificultades, de estas malas experiencias, tenemos que seguir insistiendo y exigiendo que las instituciones nacionales garanticen la justicia para los mexicanos. De lo contrario, vamos a seguir viviendo en lo que hasta hoy, lamentablemente, es esta realidad de impunidad, desde los grandes asuntos como el de Acteal, hasta los pequeños delitos que de manera cotidiana sufrimos los ciudadanos y ciudadanas.