La no reelección es un principio, no un obstáculo

Sección:Articulistas, Contexto Fecha:12 noviembre, 2011
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Un poco de historia


 

 

Somos partidarios de los principios

y no de los hombres.

Emiliano Zapata

 

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera

Tras haber obtenido el inobjetable triunfo en las elecciones extraordinarias secundarias del 15 de octubre de ese año —con 20, 145 delegados a su favor—, el 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero juró su cargo como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por el resto del periodo presidencial que concluiría en 1916.

Acompañó a Madero en tan significativa ceremonia el tabasqueño José María Pino Suárez, quien obtuvo la vicepresidencia gracias al apoyo de 10 mil 245 delegados en la jornada electoral secundaria —efectuada el 15 de octubre de ese año—, y quien dejó atrás a Francisco León de la Barra, a Francisco Vázquez Gómez y a Fernando Iglesias Calderón.

Dichas jornadas electorales extraordinarias —regidas por lo dispuesto en la Constitución de 1857—  concretaron temas sustantivos de los Tratados de Ciudad Juárez, signados en la fronteriza ciudad y cuya repercusión inmediata fue la renuncia de Díaz ante el Congreso el 25 de mayo de ese año; la toma de protesta a Francisco León de la Barra como presidente sustituto y el compromiso de éste de convocar a elecciones extraordinarias, bajo el principio irreductible de la no reelección que animó el Plan de San Luis y al programa maderista.

Convencidos en el valor de dicho fundamento político Madero y Pino Suárez iniciaron una nueva etapa de México, no exenta de vicisitudes y conflictos como el levantamiento zapatista iniciado bajo el Plan de Ayala a escasos días de la toma de posesión de los candidatos antirreeleccionistas.

Años más tarde, el 22 de enero de 1927,  la XXXII Legislatura del Congreso mexicano —en apoyo a las aspiraciones del general Alvaro Obregón—  aprueba la reforma al artículo 83 para permitir “la reelección del Presidente de la República pasado el periodo inmediato y solamente por un periodo más”.

La modificación benefició al sonorense quien se aprestó a competir por su retorno al poder como sucesor del también general Plutarco Elías Calles.

La animadversión a dicha situación generó una cruenta lucha política, una criminal purga militar en contra de quienes se oponían a tal reelección y actos terroristas como el atentado perpetrado en contra del candidato único, el 13 de noviembre de 1927 en el Bosque de Chapultepec.

Las presiones políticas e internacionales aglutinadas en torno a la reelección y al problema religioso obligan a Calles a enviar una nueva enmienda a la Constitución a fin de restablecer el principio de la no reelección, el cual aplicaría a partir de la conclusión del periodo 1928-1932, en el que el triunfo de Obregón era un mero trámite ante su solitaria candidatura.

A fin de homenajear al presidente electo, un nutrido grupo político le organiza una comida en el restaurante La Bombilla del pueblo de San Angel, en donde el caricaturista León Toral lo acribilla, asesinato que sepultó junto al cadáver del político sonorense cualquier atisbo reeleccionista como expresión del sistema político mexicano del siglo XX.

Como parte de un desagravio histórico, el estamento político determinó ampliar el dictado de la no reelección a todo cargo de elección popular, entendiendo que con excepción de la primera magistratura, para el resto de cargos sustentados en el sufragio popular, el principio de no reelección sólo aplica al periodo inmediato de representación o de mandato.

Ni duda cabe de que el legado histórico del principio maderista es el lema fundamental de la república revolucionaria del siglo XX y debe seguir siéndolo del XXI, sobre todo cuando se acredita que quien está detrás de la abrogación del principio anti-reeleccionista es la clase política de los Estados Unidos, que en su velada estrategia de integración subordinada de nuestro país, califican como inmejorable el poder contar con interlocutores legislativos que —al igual que en su país— constituyan dinastías y feudos de acción legislativa en beneficio, no del pueblo o del electorado, sino de los grandes consorcios empresariales.

Por ello, muchos mexicanos, coincidiendo con el principio consagrado en el artículo 15 del Plan de Ayala enarbolado por Zapata, “somos partidarios de los principios —como el de no reelección— y no de los hombres” y mucho menos de los “nombres”, es decir del establecimiento de una nomenklatura legislativa, que, al final de cuentas afianzaría la partidocracia al seno de un órgano eminentemente representativo de la soberanía popular.

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