El derecho a la vida: industria política

Sección:Editorial Fecha:6 octubre, 2011
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La mejor condecoración que podría recibir la ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero —nominada para la medalla Belisario Domínguez— es el veto del Partido Acción Nacional.

Estar en la “lista panista de Schindler”, de los condenados a muerte por razones de consistencia intelectual, jurídica y por principios, constituye todo un mérito. Significa no formar parte de la hipocresía clerical de la derecha que por un lado condena el aborto y por el otro guarda silencio frente a los “crímenes de guerra” ejecutados por policías y militares.

El obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero, contribuyó con su ingenuidad a desenmascarar las presiones, el acoso y la constante violación de la soberanía que ejerce el presidente de la república, Felipe Calderón, sobre el Poder Judicial.

Cuando declaró que, gracias a una llamada del Papa, la Corte desestimó la acción de inconstitucionalidad que pretendía invalidar la penalización del aborto en San Luis Potosí y Baja California, comprobó no sólo la intromisión del Ejecutivo federal sino el retroceso que sufre la ley en México como consecuencia de los caprichos presidenciales.

¡Claro que habló el Papa, Calderón y la Santísima Trinidad!, no sólo para impedir lo que hubiera significado una revolución en materia de derechos de la mujer, sino para evitar poner fin a la “industria política del derecho a la vida”. Es decir, al negocio.

Industria que capta fieles —en el caso de la Iglesia— o militantes y simpatizantes —en el caso del PAN—, a través de la explotación y manipulación de la culpa.

Para decirlo de otra manera, lo que llaman la Iglesia y la derecha la defensa a la vida, desde la concepción, forma parte de todo un cuerpo doctrinario que respalda dogmas e intereses políticos.

Si hay una institución rezagada en materia de respeto a los derechos humanos es el Vaticano. De las muchas convenciones internacionales que existen en Naciones Unidas sobre el tema y que abarcan lo mismo temas raciales que genocidio o marginación, el Estado Vaticano sólo ha suscrito unas cuantas.

Para algunos analistas, la Santa Sede es uno de los Estados menos comprometidos en el mundo en la defensa de los derechos del hombre.

Y si para algunos defensores a ultranza de los asuntos papales esto carece de sustento, entonces habrá que revisar el papel que han asumido los pontífices y la Iglesia católica en general ante las guerras y dictaduras.

¿Por qué el Vaticano sólo interviene cuando se trata de impedir el aborto, y no utiliza ese mismo poder e influencia para contrarrestar el hambre y la pobreza en el mundo? ¿O para evitar invasiones como las de Afganistán e Irak o genocidios como el de Ruanda?

La ministra Sánchez Cordero centró su posicionamiento en la inconsistencia con la que la derecha —así como el Vaticano— defiende los derechos humanos.
“Desde mi óptica personal —dijo la ministra—, el estado de San Luis Potosí establece una jerarquía entre los derechos fundamentales dando al derecho a la vida un lugar preeminente sobre los demás, lo que rompe el principio de interdependencia de los derechos humanos…”

Es decir, ¿dónde quedan dentro de la visión dogmática del panismo los derechos integrales de la mujer? El fanatismo con el que fue redactada la “ley antiaborto potosina” olvidó proteger la vida de la mujer en caso de que tenga que abortar por razones de salud.

Más aún, su obsesión por presentarse como enemigos de la “cultura de la muerte”,  ha llevado a los panistas a recurrir a criterios represores inquistoriales que cancelan desde la ley el derecho de la mujer a defenderse, a decidir en libertad, y la sentencian a vivir, en caso de abortar, como  criminal.

¿A eso le llaman defensa del derecho a la vida? No, señores, eso es simple y sencillamente la defensa de una industria política en cuyo nombre se violan, ahí sí, los principios fundamentales del hombre.

Beatriz Pagés

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